El oficialismo impulsará que las jubilaciones y pensiones vuelvan a ajustarse por salarios y recaudación, como ocurrió entre 2008 y 2017, y que el nuevo esquema, que no tomará la inflación, rija desde el año que viene.
La propuesta de fórmula de movilidad jubilatoria que incluirá en un proyecto de ley que tratará el Congreso buscará, según se afirmó, reducir el déficit previsional.
La fórmula planteada en la iniciativa excluye a la inflación de sus componentes y está basada en la evolución de los salarios y en la variación de la recaudación de impuestos, algo que rigió casi una década y fue modificada durante el Gobierno de Mauricio Macri por otra ley, cuya aplicación estuvo suspendida durante todo este año.
Así se acordó en el marco de una reunión que los principales legisladores del Frente de Todos mantuvieron en el Ministerio de Economía, para definir la propuesta de movilidad que el Poder Ejecutivo Nacional pondrá a consideración de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional. El proyecto es resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Anses y el Ministerio de Economía.
La fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley 26.417, que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017 y sus elementos constitutivos básicos, los salarios y la recaudación (en un 50% cada uno).
Economía informó que la fórmula que se propone es “sustancialmente la misma a la sancionada en el 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el 2015”.
Se espera que la fórmula, que deberá comenzar a regir en el 2021, a diferencia de la sancionada en 2017, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes, gracias al aumento del salario real y de los recursos de Anses.
Economía consideró que “una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina. Porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos”. Y agregó que “incluir la recaudación en la fórmula permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal”.
La nueva fórmula fija un tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de ANSES (multiplicado por 1,03).
“Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019)”, se indicó.
Propone volver a hacer ajustes semestrales con un rezago mínimo, para disminuir la volatilidad y reducir la pérdida de poder adquisitivo ante shocks inflacionarios como los observados en 2018 y 2019.
Plantea ajustar el componente de salarios por el RIPTE, que se trata de un “índice transparente que no ha sido objetado judicial ni políticamente. Se construye sobre la base de registros, de trabajadores formales y sobre remuneraciones ciertas”.
En cambio, sostiene que las mediciones del INDEC (que son muy útiles a otros efectos porque captan la evolución de los salarios del sector informal) “se basan en encuestas que incluyen trabajo informal”. (DIB)
