El esquema, fue oficializado en el Boletín Oficial y llevará como nombre Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Reactivación Económica). El Sipre podrá exigir a un grupo de empresas consideradas “grandes” según su nivel de facturación anual, que presenten todos los meses información sobre precios, cantidades vendidas de bienes finales e intermedios y de stock.
La información que brinden las empresas será bajo declaración jurada, y de forma “reservada y confidencial”. El objetivo es crear una alerta temprana para poder prevenir situaciones de desabastecimiento y suba de precios.
El programa Sipre contará con dos etapas. Una primera que comenzará en abril incluirá a cerca de 500 empresas de tres sectores principales: comercio, construcción e industria. Para los tres casos el umbral para quedar dentro de la nueva normativa dependerá de la facturación acumulada en un año.
Así, quedarán incluidas empresas del sector comercio que facturen desde 216 millones de pesos por mes ($2.602 millones anuales), 215 millones de pesos para las dedicadas a la actividad industrial ($2.540 millones por año) y de 80 millones de pesos para las del rubro constructor, lo que implicaría unos $965 millones anuales.
En la lista estarán productos e insumos de cadenas de valor consideradas actualmente como “críticas”: alimentos, bebidas, limpieza, construcción, electrónica, electrodomésticos y ciertos productos químicos.
Entre el 1° y el 10 de abril, las empresas incluidas en la primera etapa deberán presentar ante Comercio Interior los datos de stock, cantidades vendidas y precios de enero, febrero y marzo. En los primeros diez días de cada mes tendrán que girar la información del mes inmediatamente anterior.
La segunda etapa en la que terminarán de ingresar el resto de las casi mil empresas no tiene fecha aún, por lo que los primeros meses del nuevo sistema de monitoreo estará circunscripto a esos tres sectores.
El sistema Sipre de información será obligatoria para las compañías que queden bajo los criterios de facturación. De lo contrario, anticipó el Gobierno, podría aplicárseles la ley de Abastecimiento a esas empresas como modo de sanción. (DIB)
