La reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) convocó a treinta ombudsman de todo el país. También debatieron sobre discapacidad, trata de personas, migrantes y violencia de género.
Los defensores del Pueblo de la República Argentina establecieron la necesidad de tomar medidas vinculadas al acceso a la vivienda y a la tierra, debatieron propuestas y recomendaciones respecto a los desalojos, el ordenamiento territorial, el concepto de propiedad y el acceso al crédito, todo en el marco de la asamblea general de la organización que los nuclea, que se desarrolló ayer en la ciudad de Buenos Aires.
En la tercera sesión plenaria de Adpra, realizada en la sede de la Defensoría del Pueblo porteña, los representantes de las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Santiago del Estero, Río Negro, Tucumán, Santa Fé, Chubut, Formosa, Corrientes, y las ciudades de Neuquén, Paraná, Bariloche, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Río Cuarto, Posadas, Villa María, La Matanza, Escobar, Morón, Vicente López, Mar del Plata, Quilmes, Goya, La Banda, Pilar, Frías, Avellaneda y La Plata, también compartieron las medidas que sus regiones adoptaron para combatir la violencia contra las mujeres, niños y niñas y renovaron sus compromisos para avanzar hacia la creación de sociedades más justas y libres.
Durante el encuentro, los titulares de las instituciones de derechos humanos abordaron temas comunes como la dificultad de las personas con discapacidades para conseguir el certificado único y acceder al cupo de trabajo determinado por ley. También, compartieron experiencias de problemáticas vinculadas a las personas migrantes, en especial a los niños y niñas.
Los ombudsman dedicaron un espacio de reflexión al rol de las defensorías en la sociedad y las funciones relacionadas a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos, articular consensos para intentar revertir las políticas públicas que impiden la vigencia de los derechos y buscar alternativas para encauzar los conflictos de manera pacífica.
El presidente de la Adpra y titular de la Defensoría de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, reafirmó el compromiso de la organización para ayudar a corregir las omisiones del Estado toda vez que no se respete la dignidad de la persona. «No hay ninguna razón para que una persona no tenga un proyecto de vida. El derecho tiene que estar al servicio de los hombres y mujeres y no al revés», expresó.
Por su parte, Alicia Pierini, consejera de Adpra y Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacó que «los derechos humanos hoy comprenden todo. Nuestra tarea reside en controlar la vigencia de los derechos. El concepto de Estado es muy amplio, existe una permanente colisión de derechos que debemos examinar teniendo en cuenta el principio de equilibrio y ecuanimidad».
