En dos semanas, el ministerio de Justicia y Seguridad comenzará a dar los primeros pasos formales para intentar concretar un proyecto muchas veces postergado en la provincia: la implementación del sistema de juicios por jurados, que la administración bonaerense planea aplicar en su forma más radical –o pura-, con el objetivo de comenzar a revertir la mala imagen que el poder judicial tienen en la sociedad.
Según confiaron fuentes de la cartera que conduce Ricardo Casal, en febrero se abrirá una ronda de consulta con abogados, colegios de profesionales ligados al derecho, del poder judicial y legisladores, que servirá para ultimar los detalles del correspondiente proyecto de Ley cuyos lineamientos básicos ya están siendo analizados por el Ejecutivo, que planea enviarlo a la Legislatura para su tratamiento en el primer semestre de este año.
La aplicación del mecanismo de consultas no es casual: el Gobierno sabe que se trata de una reforma profunda, que fue varias veces intentada pero hasta ahora siempre fracasó. Sin ir más lejos, la última vez que eso ocurrió fue el año pasado, cuando dos legisladores provinciales del Frente para la Victoria presentaron con bombos y platillos un proyecto que jamás llegó al recinto.
Pero en Justicia y Seguridad están convencidos de avanzar con la idea, que el propio Gobernador Daniel Scioli anunció hace poco más de un mes, durante la Asamblea Legislativa. Además, aseguran, “se trata de un mecanismo contemplado en la Constitución bonaerense” que, como tantos otros ítems, es en este punto letra muerta, al menos por ahora.
Pero el celo constitucional no es el único motivo detrás de la celeridad que busca imprimir el Gobierno. En Justicia y Seguridad siguen de cerca la evolución de la imagen del Poder Judicial en la ciudadanía. La última encuesta de una conocida consultora al respecto, terminó de convencerlos: “es increíble, pero mejora la imagen de la policía y no la del poder judicial, que sigue muy baja”, dicen.
Por eso, creen que la presencia de ciudadanos comunes puede ayudar a revertir la percepción de oscuridad y corporativismo que pesa sobre muchos tribunales. “El juicio por jurados sirve para empezar a correr ese velo, al aumentar la participación ciudadana en la administración de Justicia”, explicaron a esta agencia los técnicos que comenzaron a trabajar en el proyecto.
Las características
Asesorados por el titular de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, Héctor Granillo Fernández, los expertos del Gobierno buscarán que el nuevo sistema se aplique exclusivamente en el fuero penal y para delitos graves: homicidios agravados, violaciones seguidas de muerte, casos de corrupción que involucren a funcionarios públicos, entre otros.
Aunque el proyecto todavía están en sus primeros pasos, otra decisión parece tomada: buscarán que se aplique el llamado sistema puro, por el cual los jurados son integrados totalmente por vecinos, seleccionados de acuerdo a ciertos criterios y requisitos, que son los encargados de determinar la inocencia o la culpabilidad, quedando la fijación de la pena para los jueces.
Esa variante introduce una diferencia sustancial respecto de la única provincia del país que ya tiene este tipo de juicios, Córdoba, donde se aplica el llamado sistema “encabinado” o impuro, en el cual los jurados están compuestos por ocho ciudadanos más tres jueces penales de carrera. La misma disyuntiva se discute en Neuquén y Río Negro, conde también buscan avanzar en esta alternativa de aplicación de la Justicia.
El año pasado, el diputado Raúl Pérez y el senador Osvaldo Goicoechea presentaron un proyecto de juicio por jurados: preveía reformar el Código Procesao Penal para que el juicio por jurados se aplique en los casos de delitos homicidio, abuso sexual, corrupción de menores, privación ilegítima de la libertad y homicidio en ocasión de robo.
Además, el proyecto establecía que los jurados debían estar integrados por doce miembros, que debían reunir los siguientes requisitos: tener estudios primarios completos, haber sido elegidos por sorteo. Los jurados tenían solo la atribución de determinar la culpabilidad o no de los acusados en esos procesos.
Sin embargo, razones políticas y corporativas que impidieron su tratamiento. Entre las primeras, resaltó el rechazo de la oposición en la Legislatura, que se negó a tratar un proyecto de ese calado durante un año electoral.
Desde el sector profesional, en contraste, se plantearon algunas dudas y reparos. El presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Pedro Augé, expuso interrogantes sobre los requisitos formales para el cumplimiento de estos procesos. «Por ejemplo, los jurados
deberán permanecer incomunicados y se les deber garantizar condiciones de seguridad para ellos y sus familias, lo que es un dato no menor a tener en cuenta», apuntó. (DIB)
