La necesidad de crear una campaña para promover la seguridad vial, mediante la investigación de las diferentes causas que provocan los accidentes y el seguimiento del estado de las rutas nacionales, acordaron los defensores del Pueblo de todo el país reunidos en Posadas.
Durante el cuarto plenario del año -cuya apertura estuvo a cargo del gobernador de Misiones, Maurice Closs- los integrantes de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) analizaron diferentes temas que los preocupan.
En cuanto a la seguridad vial, el estudio realizado por cada defensor en relación a esta temática, expuso la necesidad de ejecutar estrategias comunes que apunten a la realización de campañas de prevención y la puesta en marcha de gestiones para evitar que el índice de accidentes siga creciendo.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y presidente de ADPRA, Carlos Bonicatto, reconoció que «la mayoría de las denuncias relacionadas a la seguridad vial tienen que ver con accidentes en las rutas, por lo que creemos vital exigir todos los controles sobre estos trazados y concientizar a los usuarios, mediante campañas de información que apunten al respeto de las normas cuando circulen en estas vías».
Los defensores también pusieron el acento en el tratamiento de la problemática de la discapacidad, exigiendo a la Superintendencia de Servicios de Salud la derogación de la resolución 1200/12, que provocó la reducción y eliminación de prestaciones básicas para estas personas.
En ese sentido, remarcaron la importancia de mantener una audiencia con el organismo dependiente del ministerio de Salud de la Nación, a la vez que determinaron llevar adelante la difusión de esta problemática, considerada de gravedad para las personas perjudicadas por esta normativa.
El encuentro sirvió también para poner en consideración las acciones llevadas adelante por las defensorías en relación a la instalación ilegal de antenas de telefonía móvil, fijando la continuidad de las políticas de estricto control ante el avance de estos sistemas supuestamente perjudiciales para la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente.
Por otro lado, también se estudiaron los alcances de las tarifas sociales de los servicios públicos; la necesidad de que se cree una Defensoría del Pueblo en la provincia de Misiones y la Integración de ADPRA al Consejo Federal de Derechos Humanos.
