Existen múltiples razones por las cuales pueden considerarse “ganados” los últimos diez años. Muchas de ellas resultan fácilmente verificables si se va a los datos y se estima el comportamiento y la evolución de algunos indicadores. Hay otros tantos ejemplos, difíciles de cuantificar, que constituyen reparaciones y conquistas simbólicas donde también se explica buena parte de esa década ganada. Derechos humanos, respeto a la diversidad y reconocimiento de minorías son, acaso, ejemplos emblemáticos en ese sentido, imposibles de medir o distinguir a partir de un indicador económico.
Lo primero, quizás obvio, es tener en claro que haber ganado una década implica la pérdida de otras en el pasado. Y las que precedieron al kirchnerismo se distinguen en la historia reciente por haber promovido el abrupto deterioro del tejido social y productivo, impactando negativamente sobre la estructura distributiva.
Las crisis económicas que se sucedieron entre 1976 y 2001 fueron determinando un umbral distributivo claramente más regresivo que lo de los años previos, con un piso de inclusión social cada vez más bajo.
Sin embargo, la expansión económica y el crecimiento del PBI logrado desde el 2003, que visto en perspectiva podría ser naturalizado, en la comparación con décadas anteriores representa, sin dudas, un verdadero cambio. El PBI registró en los últimos diez años un incremento del 98,6%, a un promedio del 7,1% en términos interanualizados.
La política de ingresos de esta etapa ha sido una de las principales banderas del actual proyecto político. Luego de más del 20% de desocupación en el 2003, y de dramáticas tasas de pobreza e indigencia, hubo en esta década una marcada reducción del desempleo, significativa disminución del empleo en negro y aumento sostenido del empleo registrado. Tomando en comparación los censos del 2001 y 2010, la cantidad de ocupados pasó de casi 11 millones a 18,5 millones de personas.
En ese sentido, el informe “Impacto del modelo económico actual sobre el mercado de trabajo (2003-2012)”, elaborado por el Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP), indica que una de las características más salientes de la política de ingresos en estos años puede estimarse, entre otros factores, desde la evolución del salario mínimo vital y móvil (SMVM), que pasó de $200 en el 2003 a los actuales $2.670. También se pondera la mejora en la distribución del ingreso, donde la evolución del coeficiente de Gini para el Ingreso Total Familiar pasó de un valor de 0.482 en el 2003 a 0.395 en el 2012. Si bien se trata de un proceso que, en general, abarcó a otros países de la región, ese descenso de la desigualdad en la Argentina ha sido más marcado que en otros países.
Este dato es particularmente importante, pues ilustra el contraste con las décadas anteriores. Hacia el fin del modelo de sustitución de importaciones, los ingresos laborales en nuestro país presentaban niveles de desigualdad relativamente bajos, situación que empezó a revertirse a partir de la instauración del llamado modelo de “valorización financiera” impuesto a sangre y fuego por la última dictadura militar, donde aumentó la inequidad distributiva en los ingresos de la población ocupada. Contracción del salario real y heterogeneidad en las remuneraciones fueron dos procesos simultáneos que afectaron notablemente a los trabajadores. En la década del ’80 esta tendencia continuó, y la hiperinflación, la caída de los salarios reales y el desempleo, terminó siendo el combo perfecto del neoliberalismo para disciplinar en democracia a los trabajadores.
Ya en la década del ’90, el régimen de convertibilidad, la profundización de la desregulación y el proceso de apertura comercial, sumado a las privatizaciones, terminaron por desmantelar la estructura productiva, afectada por el desplazamiento de la producción local por la extranjera. Ello provocó, como recordamos, los niveles record de desigualdad y desempleo, donde los trabajadores de menores remuneraciones fueron sin dudas los más afectados.
Reconstruir el país en ese contexto de más de dos décadas de efectos regresivos sobre la distribución del ingreso no hubiese podido lograrse sin una política económica planificada, con objetivos claros y estratégicos, pero fundamentalmente pensada desde la Argentina. A diferencia de lo que sucedía décadas pasadas, donde las principales medidas debían consultarse externamente antes de ser implementadas en el país, un dato clave de esta etapa es que las mismas han sido diseñadas y ejecutadas desde la política, prescindiendo de intereses corporativos y financieros, y con el principal objetivo de aumentar la producción, exportar bienes de mayor valor agregado, y sustituir importaciones que favorecieran la producción nacional.
Desde luego que el actual ciclo económico tiene sus asignaturas pendientes. En 10 años es imposible atender a todas ellas. Pero los efectos sociales que produce se verifican a diario. La Presidenta acaba de anunciar esta semana el aumento de la AUH en un 35,3% y el de las asignaciones familiares, lo que implica beneficios para 7.410.000 menores, 60 mil embarazadas, 2.600.000 de chicos que cobran ayuda escolar y 200 mil familias que perciben subsidio de contención para costear los gastos de sepelio de jubilados, lo que supone, además, 1.400 millones de pesos adicionales volcados al consumo, en momentos donde se entiende que sostener la actividad económica es fundamental.
En suma, si hace relativamente poco tiempo en la Argentina se recortaban salarios de empleados públicos y jubilados, con dramáticos niveles de exclusión, desempleo y pobreza, el presente invita a celebrar los últimos diez años, evitando bajar los brazos para ir por más.
Ateneo Nuevejuliense Nestor Kirchner
