Cuanto falta menos de un año y medio para que termine el gobierno de Cristina, ella se encuentra embretada por dos temas muy graves: uno político y otro económico. El primero inédito en la historia argentina, es el procesamiento de su vicepresidente Amado Boudou, quien aparentemente se ve comprometido no solo por la causa Ciccone, si no por otros temas judiciales. El otro tema, el económico, es el juicio de algunos de los holdouts con resultado negativos en tres instancias en los Estados Unidos, y a los cuales tendremos que pagarles millones de dolares.
Algunos sectores de la oposición sostienen que el vicepresidente debería pedir licencia; otros, manifiestan que debe ser sometido a juicio político. Para que pueda avanzar este proceso, primero tendría que pasar por la Comisión parlamentaria con mayoría kirchnerista. Sin embargo, en la reunión del pasado jueves 3 de julio, todos los miembros oficia listas rechazaron «in limine» toda posibilidad de apertura a juicio político. Con los dos dictámenes, el de mayoría y el de minoría podría pasar al recinto, pero se necesita una mayoría especial y calificada de los dos tercios de los miembros presentes, algo impensable hoy en día.
Cristina, quien no se ha expedido directamente sobre el tema hasta ahora si no solo elípticamente, parece defender a Boudou y creerle sus fantásticas respuestas y la suma de “casualidades” a las que se ha referido el vicepresidente en su defensa judicial y periodística. Cada vez que habla, se desliza por el tobogán de la credibilidad, y parece inclusive procesarse solo. Llegado el caso que el tema llegue a la Cámara de Diputados, se le va a crear un problema de consciencia a los legisladores oficialistas, que para nada quieren quedar pegados a las trapizonadas del vicepresidente.
Hace pocos días, el ex Senador Pampurro, allegado a Scioli, manifestó que Boudou debería dejar la silla del Senado, y como él, probablemente muchos en el oficialismo piensan de igual manera aunque no lo manifiesten.
En estos últimos años, los legisladores kirchneristas pocas veces desafiaron la autoridad presidencial votando por disciplina partidaria y no de acuerdo a su conciencia. El caso más famoso, fue casualmente el primer vicepresidente de Crisitina, Julio Cobos, a quien le tocó desempatar con el tema de la Resolución 125. Cobos fue muy maltratado por todo el arco oficialista y acusado de traidor. Él manifestó que privilegió su voto de acuerdo a lo que pensaba que era mejor para toda la Nación, y no de acuerdo al mandato de la Presidente. Podemos decir entonces que su desafío a la autoridad presidencial le costó muy caro.
Creemos que Boudou se encuentra en una situación mas comprometida que la de Cobos, porque ahora quien va a sufrir las consecuencias de su accionar, no va a ser solo el actual vicepresidente, si no todo el oficialismo.
El Senado se ha desprestigiado últimamente por la presencia del ex Presidente, hoy senador Carlos Menem, que ha sido condenado por la justicia.
Ahora a los legisladores les tocaría soportar que el vicepresidente Boudou presidiera las sesiones de la Camara Alta, habiendo sido procesado por el juez Lijo. Algunos senadores de la oposición han manifestado que le darán la espalda, y otros que se levantarán de sus sillas.
Mientras tanto, Cristina se dedica a criticar a la Justicia y a los medios como en repetidas oportunidades, sin hacer ninguna referencia al caso Ciccone tratando de restarle importancia.
Los problemas de Boudou no se acaban con este caso, y hoy parece ser la punta del iceberg, ya que tiene varias causas pendientes en la justicia a la espera de resolución.
La Presidente se enfrenta a un dilema de difícil solución, ya que sus dos opciones conllevan un alto costo político. Por un lado, si le pide a Boudou que se tome licencia, se verá debilitada porque es un reclamo de la oposición. Y por el otro, si el tema sigue en la tapa de los diarios durante 2015, el candidato oficialista también se verá debilitado por la posibilidad de un juicio oral cercano a las elecciones.
