Por Eduardo Gallo Llorente
El peso no ha sido el único devaluado del gobierno de Cristina Kirchner. La credibilidad que ya venía en caída libre parece haberse estrellado contra el suelo y no muestra signos de recuperación, al menos en el corto plazo, si no una profundización de su deterioro. A partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quedó en evidencia que a la ya altísima desconfianza e indignación de la población frente al relato, se le suman el miedo y el desamparo frente a un caso que deja al gobierno tambaleando. La Justicia aun no parece encontrar respuestas convincentes ante semejante hecho que arrojen certezas y tranquilidad a la ciudadanía.
Graciela Römer, consultora política consultada por La Nación manifestó que “el caso Nisman tiene impacto sobre el gobierno; hoy el oficialismo está bajo sospecha, existe un vaciamiento de la palabra que afecta la credibilidad del discurso del Poder Ejecutivo”.
La indignación de la opinión pública se hizo notar recientemente en las marchas en distintos puntos del país y en diversas encuestas en donde entre el 70 y 80% de la población no cree que algún día se llegue a saber la verdad. Y aún si estuviéramos frente a la verdad, no seríamos capaces de reconocerla, pues nos hemos acostumbrado a desconfiar de todo. Si algo nos ha dejado este gobierno como herencia, entre otras cosas, es una enorme incredulidad y un escepticismo que hemos incorporado a fuerza de decepciones y frustraciones. Ya otros casos han quedado sin resolverse o con dudosa resolución, y nuevamente el fantasma de la impunidad vuelve a acecharnos.
Como sugiere Martín Caparrós en el diario El País de España, con la intervención del INDEC en enero de 2007 se da una gran pérdida de credibilidad: “La inflación crecía más y más, y la respuesta oficial fue matar al mensajero: pusieron a un kamikaze al frente del INDEC y lo lanzaron a producir cifras visiblemente falsas, ridículas, que no engañaban a nadie. Provincias, parlamentos, consultoras, ocuparon el vacío y empezaron a ofrecer números utilizables. El Estado suicida resignaba su monopolio sobre esos datos que definen la economía del país –inflación, empleo, pobreza, producción- y, sobre todo, dejaba clara su voluntad de mentir”. Caparrós agrega que a partir de aquel momento, el Estado empieza a destacarse cada vez más como una formidable fábrica de ficciones, conocidas como el relato, y que ahora, con la muerte del fiscal, ya nadie cree en las versiones oficiales sobre el trágico hecho. Ha habido, pues, un enorme desgaste y abuso de la confianza que impacta negativamente en la imagen del gobierno.
En el mismo sentido, en una entrevista radial con Marcelo Longobardi, Santiago Kovadlof señaló que la tarea de los intelectuales y periodistas es “insistir, insistir, insistir para que no se convierta la palabra en basura”.
La devaluación de la palabra o la mentira por parte del Estado y de la presidencia tendrán efectos que traspasarán este período de gobierno. Incluso podrá demandar muchos años la recuperación de la credibilidad de la palabra. Los políticos que en el futuro quieran darle peso a ellas deberán hacer ingentes esfuerzos de sinceridad, verosimilitud e inspiración para lograrlo, y seguramente no resultará una tarea fácil.-
