El Ejecutivo bonaerense promulgó una ley que endurece los controles contra la construcción y uso de canales clandestinos en campos de la provincia y les dio a quienes hayan cometido esa infracción un plazo de 90 días para regularizar la situación.
El Gobierno publicó en el Boletín Oficial, bajo la ley 14.703, un proyecto promovido por la senadora Marina Moretti, que sanciona la construcción de canalizaciones y terraplenes que tengan por objeto alterar el escurrimiento natural de las aguas.
La ley modifica el Código de Aguas de la provincia estableciendo multas de hasta el equivalente a 120 mil litros de gasoil grado 3, que actualmente promedia los 15 pesos. También prevé la suspensión de beneficios impositivos o crediticios, la apertura de cuentas corrientes y el otorgamiento de tarjetas de crédito, y no se habilitará la apertura de comercios o industrias.
En tanto, la reglamentación de la ley deja los controles a manos de los municipios, quienes deberán comprobar las infracciones, estando facultados para “recibir denuncias, realizar relevamientos y otras actuaciones tendientes a la constatación de las obras no autorizadas”.
Según la letra de la ley, quienes posean canales clandestinos tendrán a partir de ahora 90 días para regularizar la situación. Luego de ese plazo, “se considerarán clandestinas en forma automática todas las obras no acogidas a esta moratoria”.
La iniciativa había sido aprobada en mayo de 2013, pero fue reactiva tras las inundaciones de fines del año pasado, que afectaron varios cascos urbanos.
