Por Decreto el Gobierno Nacional oficializó la Emergencia de la Seguridad Pública

LA PLATA, ene 22 (DIB).- El Gobierno publicó hoy el decreto que declara la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio nacional, anunciado días atrás, «con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado».
La decisión, publicada hoy en el Boletín Oficial, declara la emergencia en todo el territorio nacional por un lapso de 365 días, la que «podrá ser prorrogada fundadamente». Entre las medidas que establece el decreto figura la aprobación de «Reglas de Protección Aeroespacial», cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a «identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino».
Así, serán declaradas «hostiles» aquellas naves que «tengan entidad suficiente para ‘perturbar, poner en riesgo o causar un daño’ en el territorio nacional».
Según el decreto, se entiende como delito complejo y crimen organizado a la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes, al contrabando de armas y contrabando de estupefacientes, a los delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada o de una asociación ilícita terrorista, y a los cometidos por asociaciones ilícitas organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales. También incluye en la categorización a los delitos de fraude contra la Administración Pública, a los de prostitución de menores y pornografía infantil, a los delitos de financiación del terrorismo, y a los de extorsión, entre otros.
Asimismo, se deja a cargo de los ministerios de Seguridad, Defensa y Transporte la tarea de «reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos», consignó un comunicado. Y concede «la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional».
El decreto también autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que «no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias».