El Gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgará un beneficio fiscal para aquellas empresas bonaerenses que contraten como empleados a personas que hayan sido declaradas judicialmente como víctimas del delito de trata.
La medida quedó reglamentada a través de la Agencia de Recaudación y apunta a que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que incorporen a su empresa trabajadores que la Justicia haya declarado como víctimas del delito de trata de personas podrán imputar, como pago a cuenta de ese tributo, el equivalente al 50 por ciento de las remuneraciones nominales que perciban estos empleados.
Los empleadores que decidan contratar a las víctimas y acceder al beneficio impositivo deberán contar con la autorización de la persona damnificada, siendo responsables de proteger en todo momento la intimidad y confidencialidad de la información brindada. Asimismo, para que el incentivo fiscal pueda hacerse efectivo, es necesario que los empleados desempeñen su tarea en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, el director de ARBA, Gastón Fossati, subrayó que con esta iniciativa, la Provincia busca ofrecer a los empresarios un estímulo fiscal que contribuya a la reinserción laboral de las víctimas. “Al tratarse de personas en situación de vulnerabilidad, es fundamental el compromiso del Estado, y de la sociedad toda, para brindarles protección, asistencia y facilitarles la oportunidad de un trabajo digno que las ayude a salir adelante y progresar”, señaló el funcionario sobre éste incentivo que fue aprobado por ley el año pasado, pero que en la práctica no regía dado que faltaba su reglamentación.
Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, señaló que con todas las víctimas, pero especialmente con aquellas que sufrieron el aberrante delito de la trata de personas, “el Estado tiene la obligación no sólo de restablecer la situación de justicia, sino también de acompañar la debida reparación de los daños y la reincorporación a la vida normal de esas personas”. Y agregó que “los incentivos que el Estado puede otorgar a estos fines, es una obligación que se transforma en derecho».
