Las tan ansiadas reformas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en el CCK parecían aire fresco para el sector agropecuario.
Pero en el detalle, han sido solo palabras y cuando nos acercamos a los bocetos y las reformas, junto a las últimas acciones que han tomado desde el gobierno tanto nacional como bonaerense por ejemplo, vemos que el sector agropecuario sigue siendo el que paga.
Es el momento de hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos. Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria. Argentina debe diseñar un sistema de impuestos equitativos. El impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, aumenta en promedio un 50%, en Córdoba, un 38%, y en San Luis, un aumento semejante: 40%.
Si se revalúa tomando un incremento promedio del 50% de una única vez, sin un escalonamiento que permita reacomodar el sistema productivo, el golpe va directo al bolsillo del sector y le quita capacidad de reinversión a todos y en algunos casos la imposibilidad del pago, con las consecuencias de punitorios. Los tiempos biológicos tienen una dinámica que no parecen entender los entes recaudadores.
No está contemplado en la reforma el ajuste por inflación, lo que lleva al productor a descapitalizarse para pagar impuestos. Tampoco se resuelve el sistema de percepciones y anticipos a los que es sometido el productor por la presunción de evasor. Por otra parte, los aumentos de combustibles, el último aumento responde al 4,5 %, esto generado 1,5% autorizado por el aumento de biocombustibles, básicamente biodiesel para apaciguar la caída de las exportaciones.
Este aumento repercute en 2100 millones de pesos extra. Desde diciembre del 2016, ya tenemos 13.000 millones de pesos en aumentos de combustible sobre la campaña agrícola.
De ese número, un 64% responde a la cuestión impositiva del gasoil, y este es un insumo constante para el sector. Entonces impacta de lleno en el bolsillo del productor, el cual es uno solo. Junto a todo esto, se suman las tasas viales y el escalonamiento de impuestos Nación – Provincia – Municipio, y afectan claramente al sector.
Sumado a estos aumentos, la burocracia tampoco cede, y la AFIP prorrogó el TIRE (Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas) con vencimiento ahora para cargar los datos de los productores y empresarios alcanzados por la norma el próximo 31 de diciembre. Creado por Resolución General AFIP 4096/2017 con el objetivo de optimizar la relación físco-contribuyente y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los responsables.
Este es un nuevo registro que se superpone en muchos rubros al RENSPA que debería ser el único que atienda al sector y tener acceso público para su consulta.
La creación de un nuevo registro sin la eliminación de otros va en sentido contrario a lo que se explicita por el Presidente. Para el productor agropecuario es una nueva carga.
De esta manera, no nos queda otro camino que entrar en ritmo de colisión».
Por Dardo Chiesa / Presidente Confederaciones Rurales Argentina
Sociedad Rural 9 de Julio
Las tan ansiadas reformas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en el CCK parecían aire fresco para el sector agropecuario.
Pero en el detalle, han sido solo palabras y cuando nos acercamos a los bocetos y las reformas, junto a las últimas acciones que han tomado desde el gobierno tanto nacional como bonaerense por ejemplo, vemos que el sector agropecuario sigue siendo el que paga.
Es el momento de hablar de la responsabilidad fiscal, de la inflación y los impuestos. Esto no es negociable. Hay que reducir la carga tributaria. Argentina debe diseñar un sistema de impuestos equitativos. El impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, aumenta en promedio un 50%, en Córdoba, un 38%, y en San Luis, un aumento semejante: 40%.
Si se revalúa tomando un incremento promedio del 50% de una única vez, sin un escalonamiento que permita reacomodar el sistema productivo, el golpe va directo al bolsillo del sector y le quita capacidad de reinversión a todos y en algunos casos la imposibilidad del pago, con las consecuencias de punitorios. Los tiempos biológicos tienen una dinámica que no parecen entender los entes recaudadores.
No está contemplado en la reforma el ajuste por inflación, lo que lleva al productor a descapitalizarse para pagar impuestos. Tampoco se resuelve el sistema de percepciones y anticipos a los que es sometido el productor por la presunción de evasor. Por otra parte, los aumentos de combustibles, el último aumento responde al 4,5 %, esto generado 1,5% autorizado por el aumento de biocombustibles, básicamente biodiesel para apaciguar la caída de las exportaciones.
Este aumento repercute en 2100 millones de pesos extra. Desde diciembre del 2016, ya tenemos 13.000 millones de pesos en aumentos de combustible sobre la campaña agrícola.
De ese número, un 64% responde a la cuestión impositiva del gasoil, y este es un insumo constante para el sector. Entonces impacta de lleno en el bolsillo del productor, el cual es uno solo. Junto a todo esto, se suman las tasas viales y el escalonamiento de impuestos Nación – Provincia – Municipio, y afectan claramente al sector.
Sumado a estos aumentos, la burocracia tampoco cede, y la AFIP prorrogó el TIRE (Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas) con vencimiento ahora para cargar los datos de los productores y empresarios alcanzados por la norma el próximo 31 de diciembre. Creado por Resolución General AFIP 4096/2017 con el objetivo de optimizar la relación físco-contribuyente y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los responsables.
Este es un nuevo registro que se superpone en muchos rubros al RENSPA que debería ser el único que atienda al sector y tener acceso público para su consulta.
La creación de un nuevo registro sin la eliminación de otros va en sentido contrario a lo que se explicita por el Presidente. Para el productor agropecuario es una nueva carga.
De esta manera, no nos queda otro camino que entrar en ritmo de colisión».
Por Dardo Chiesa / Presidente Confederaciones Rurales Argentina
Sociedad Rural 9 de Julio
