El 9 de julio de 1816, representantes de las “clases decentes” de algunos territorios del ex virreinato, declararon en Tucumán la independencia de las Provincias Unidas de Sud América, sin la asistencia de los congresales votados por el pueblo de las provincias federales, que, en el Congreso de los Pueblos Libres, la habían aprobado un año antes, en 1815.
Ambas decisiones, complementarias, revelaban el complejo proceso mundial y exteriorizaban el agudo conflicto de intereses, entre una minoría, dueña de los medios de producción, la mayoría que solo poseía su cuerpo para sobrevivir, en la disputa el control de los recursos del estado, y cómo priorizar la distribución de la riqueza nacional.
Cabe recordar que el proyecto de 1815, que contenía la primera reforma agraria de Latinoamérica que privilegiaba “a los negros libres, zambos, indios, criollos pobres, las viudas pobres si tuvieran hijos, los casados a los americanos solteros, y éstos a cualquier extranjero”, contó con la oposición de las oligarquías porteñas y regionales, que se creían únicas con derecho a explotar las tierras recuperadas, propiedad del usurpador rey de España y de invasores premiados con ellas.
En 1816 se precipitó la guerra civil, pues el control político de la nueva nación quedó en mano de la burguesía porteña, de terratenientes bonaerenses y élites regionales, enriquecidas con el contrabando, importación de bienes elaborados, exportación de subproductos de origen animal, apropiación de la tierra y el manejo de la renta portuaria y aduanera de Buenos Aires. Esa minoría sometió el destino de la Patria a sus intereses y a las del imperio británico, mediante pactos y tratados –como el anunciado por Macri, y un “empréstito” autorizado por Rivadavia, antecedente de la estafa actual de la deuda externa.
Con represión política, esas ricas corporaciones desintegraron el progreso y la prosperidad colectiva, condenando al país a producir materias primas e importar bienes elaborados, idea contraria a la de los países avanzados, Inglaterra, Francia, EEUU…, que protegieron su economía, la exportación industrial, el mercado interno y el buen vivir de sus pueblos.
En 1816 se exterioriza en nuestra Patria, la grieta entre la angurria de unos muy pocos por acumular riqueza y poder, y la demanda de muchos -incluido pueblos originarios- en defensa de sus justos derechos. La rivalidad entre absolutistas y demócratas, realistas y patriotas, librecambistas y proteccionistas, unitarios y federales, civilizados y bárbaros, partidarios del fraude patriótico y de la democracia popular, neoliberalismos excluyentes y ciclos de inclusión social, continúa sin la odiosa bota, pero con votos colonizados por el golpismo de oligopolios mediático y complicidad judicial
A doscientos tres años de la declaración de la primera independencia de nuestra Patria, rechazamos la agresión política, económica y cultural que sigue condenando a la Argentina a ser rehén del imperio de turno, y sujeta a las apetencias de minorías vernáculas y buitres foráneos, que concentran la agroexportación, las actividades industriales y financieras, las comunicacionales y la de los servicios públicos esenciales.
Para el Pueblo es vital no olvidar el pasado para dejar atrás la miseria del subdesarrollo. Mejorar la calidad de vida hoy implica optar entre gobiernos vende patria, por un lado, y los que promueven una Patria justa, libre y soberana. Nuestra Independencia y bienestar estuvo y está amenazada por su enemigo histórico. Así ocurrió en 1816, 1930, 1955,1966, 1976, 1989, y con la crisis producida por la asfixiante deuda externa incrementada para sostener al gobierno de Macri.
Recordar el 9 de Julio de 1816, para los millones de argentinos excluidos por las políticas del gobierno nacional, nos debe dar un mayor fervor por trabajar por una segunda y definitiva independencia, democrática, popular, antiimperialista y latinoamericana. Y para vivir con gloria la vida cotidiana, debemos trabajar para mejorar la noble igualdad
BLOQUE DE CONCEJALES FPV-PJ
Julia Crespo
Alberto Capriroli
Andrea Buceta
