«La reforma judicial es un castillo protector de la impunidad»
El proyecto de reforma judicial que intenta imponer el Gobierno Nacional, es en el llano y en el lenguaje popular, ni más ni menos que la construcción de un castillo inexpugnable de impunidad.
El contexto en el que se presenta este proyecto no es, además, una prioridad para la ciudadanía, preocupada por angustias más urgentes.
La salud, la economía y la seguridad son las necesidades reales de una sociedad que se vería nuevamente vulnerada con este solo intento de discusión, en el que no existen los consensos necesarios para su debate.
Cuando los funcionarios encargados de la reforma dicen sin ningún reparo que la idea de esta reforma es “diluir el poder de los jueces”, estamos, sin ningún tipo de dudas, ante un atropello institu- cional; ya que, siendo gráficos y directos, cabe preguntarnos, si le quitamos preponderancia a este poder, ¿quién controla a los dos restantes?
Como se expresa en un comunicado emitido por Juntos Por el Cambio “…los países serios tienen algunos acuerdos básicos inquebrantables, entre ellos su diseño institucional, el cual debe sostenerse en un marco de estabilidad y perdurable en el tiempo…»; y sin dudas esta es una condición innegociable que debemos mantener para crecer como Nación.
También, como quedó expresado en el referido documento partidario “la estabilidad del máximo tribunal es un valor en sí mismo, que resguarda la independencia del Poder Judicial, la seguridad jurídica y en definitiva la calidad democrática y de las instituciones de nuestra República».
Todos los gobiernos peronistas, sin excepción, cambiaron la justicia federal; fuero que, “casualmente”, investiga al poder.
En cuanto comisión de “especiales” creada para analizar la reforma de la Corte Suprema de Justicia, además de ser innecesaria –ya que para ello se cuenta con diputados y senadores nacionales que elaboran, debaten, redactan y sancionan las leyes-, es un verdadero atropello a la división de poderes.
Contemplándose el hecho de que la misma va a estar integrada por abogados, que van a crear juzgados y reformar una Justicia para buscar impunidad, todo se convierte en una disparatada jugada política.
Además, no es un detalle menor, que el abogado de la Vicepresidente de la Nación –a quien claramente beneficia el principio de la inocencia, pero que está siendo investigada en varios de juzgados, y claramente va a terminar de Juzgar la Corte que quieren modificar-, sea el principal asesor de esa comisión especial, es la mayor de las burlas a toda la ciudadanía del país.
Sin dudas, el objetivo es crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas; lo que se traduce, ni más ni menos, que en mayor impunidad.
