Un proyecto de reforma busca incorporar cambios en perspectiva de género en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, sancionada en 1958. Entre otros puntos, se busca establecer la igualdad a través de la asunción de concejales y concejalas respetando el principio de paridad de género y en las comisiones de los concejos, incorporar los términos “vecinas”, “concejalas” e “intendentas y garantizar el derecho a las licencias laborales por maternidad y paternidad.
La iniciativa fue presentada por la Red Federal de Concejalas y la ex senadora pampeana María Higonet en un encuentro virtual del que participaron la ministra de Gobierno Teresa García; su par de Mujer, Políticas de Género y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta de AySA Malena Galmarini, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejala Victoria Tolosa Paz.
Así, se busca “empoderar a las mujeres políticas en gobiernos locales -es decir el ámbito de representación democrática de vecinas y vecinos- con el fin de consolidar la equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, se informó en un comunicado.
La propuesta, afirman, responde a un desequilibrio: de los 135 municipios que dibujan el mapa político de la provincia de Buenos Aires, solo en 38 hay presidentas de concejos deliberantes. Además, hay jefas comunales apenas en 6 de esos 135 distritos.
Punto por punto
La propuesta, que será presentada formalmente el 17 de septiembre en el ámbito legislativo por la vicegobernadora bonaerense y titular de la Cámara baja, Verónica Magario, plantea modificar los artículos 16, 19 y 87 de la Ley Orgánica, para lograr la igualdad a través de la asunción de concejales y concejalas respetando el principio de paridad de género. Además, propone la modificación de los artículos 19 y 76 para observar “de modo estricto el principio de paridad de género al momento de la designación de autoridades de los cuerpos deliberativos y de las comisiones, a fin de garantizar la participación equitativa de la mujer en esos ámbitos de intervención”.
Otros ítems de la iniciativa:
establece la incompatibilidad para ser miembro de una Municipalidad a quienes sean deudores alimentarios morosos.
advierte que la distribución y afectación de los recursos puede transformarse en un instrumento que “reproduzca las desigualdades o en una herramienta fundamental para dejar atrás la desigualdad, la violencia y la discriminación de género”.
insta a respetar el principio de perspectiva de género para la formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de los presupuestos municipales.
incorpora las voces de vecina, intendenta y concejalas.
instaura el ejercicio de la política “libre de violencias”, estableciendo procedimientos y sanciones de violencia política que tienden a erradicar tales conductas por razones de género.
incorpora formalmente en el ámbito municipal la modificación a la ley 26.485 (de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) de fines de 2019, que incluye a la violencia política dentro del espectro de las manifestaciones de la violencia de género.
replica en el ámbito municipal la capacitación obligatoria en género y violencia de género de la Ley Micaela, que hoy alcanza a todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
invita a desarrollar “la innovación tecnológica en la labor legislativa; esto a partir de la realidad laboral que impone la pandemia”.
“Avancemos, porque somos y seremos nosotras, siempre”, dijeron a modo de conclusión las ediles de la Red Federal de Concejalas. (DIB)
