Corría el año 2015 cuando una señora de unos treinta y cinco años se presentó en el juzgado de paz de Pinamar para solicitar que le sea inscripto su nacimiento. Argumentó no haber sido nunca inscripta, enfatizando los innumerables problemas que le acarreaba vivir sin la documentación que acreditara su identidad. La jueza pinamarense sentenció que no podía hacerlo porque faltaban las pruebas que “acreditasen su nacimiento”, más allá de que la mujer era bien visible.
La mujer apeló a cámara en Dolores y en esa instancia, cinco años después, entendieron sus razones: el derecho a una identidad y un nombre son derechos personalí
simos constitucionales convencionales. En esta instancia la mujer probó su edad mediante una pericia odontológica y demostró que jamás había sido inscripta (en San Juan y diciembre de 1980, únicos datos que portaba la mujer en su memoria).
La cámara aprovechó para hacer pedagogía con su fallo recomendando que, como operadores de un sistema destinado a brindar una tutela judicial efectiva y sobre manera a los más vulnerables, resulta imprescindible no perder el norte y garantizar ciertos derechos fundamentales en forma prioritaria. En este caso a la identidad, al nombre y a la identificación ante las autoridades, que son derechos intrínsecos, propios e inaliena- bles de todo ser humano.
