La CEyS salieron al cruce de las publicaciones de medios nacionales en una conferencia realizada el miércoles 30 de octubre -19 hs- el mismo día en que en se había publicado informaciones periodísticas que hablaban de la posibilidad de una posible intervención. En la Cooperativa de 9 de Julio el Presidente del Consejo de Administración Dr. Matías Losinno afirmó que «el Estado le debe a la Cooperativa».
En su explicación Losino señaló «hay un grupo de cooperativas que se mencionan, que venimos trabajando para defender los derechos de nuestras comunidades. De la Provincia de Buenos Aires hablo de las cooperativas de Las Flores, Tres Arroyos, Olavarría y nosotros. Nos hemos acoplado a una acción colectiva que en su momento había iniciado la Cooperativa de Villa Gesell contra el Estado Nacional, para defender los derechos de las comunidades», señaló el Dr. Losinno.
El Presidente de la CEyS explicó que «en los últimos 20 años hubo lo que se denominó un cepo tarifario. Eso significa que las tarifas que fijaba el Gobierno Nacional no alcanzaban para poder prestar el servicio adecuado, teniendo en cuenta costos laborales, inversiones, etc».
Agregó «todos quienes componemos la distribución energética a nivel nacional nos vimos afectados en lo que se llama ecuación económica financiera. Se generó un pasivo regulatorio: como lo que se cobra de tarifa no alcanza, te terminás endeudando. Se termina no pagándole a CAMMESA -comercializadora con parte privada y otra estatal».
Lossino sostuvo que «todos los distribuidores se han endeudado con CAMMESA, por este quiebre de la ecuación. Villa Gesell fue el abanderado en llevar adelante una acción judicial. Así como tenemos un pasivo regulatorio tenemos un activo regulatorio. Hay una serie de leyes en la que el Estado reconocía al sector de la distribución que había que generar una descompensación por este desfasaje que había generado el cepo tarifario».
Aclaró Losinno que después de un fallo favorable que tuvo la Cooperativa de Villa Gesell, «distintas cooperativas nos sumamos a esa acción judicial y obtenemos como el caso de 9 de Julio el dictamen favorable, de que nuestro activo regulatorio es muy superior en relación a ese pasivo. El Estado Nacional nos debe a los nuevejulienses 55 millones de dólares»
«Lo que queremos recalcar es que, a diferencia de lo que se menciona esta cooperativa y otras distribuidoras no somos deudores sino que somos acreedores», afirmó.
Afirmó Losinno que la noticia publicada de una posible intervención «es falaz, hemos pedido derecho a réplica, para poder explicarlo. Hay una falta a la verdad».
En cuanto a la posibilidad de intervención, Losinno señaló que «para intervenir una cooperativa se necesita una decisión judicial y no está judicializado. Se habla de una veeduría del INAES. En un momento se planteó una veeduría en Villa Gesell: las cooperativas estamos contentísimos que vengan a mirar los números porque los números no dan».
También habló de la presentación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires dando su parecer, «en favor de las cooperativas y del fallo judicial que las ampara», sostuvo Losinno.
Con respecto a la situación de los fallos judiciales sostuvo que en primera y en segunda instancia se les ha dado la razón a las cooperativas. «Hay una disposición del juez que le dice a CAMMESA que se tiene que abstener de perseguir el cobro del pasivo regulatorio, hasta que se establezca la compensación».
