El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, adhiere a la presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), bajo la figura de amicus curiae (amigos de la Justicia) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se consideren crímenes de lesa humanidad a las torturas que ex combatientes en Malvinas sufrieron por parte de sus jefes militares.
La causa judicial comenzó en 2007 y está compuesta por un centenar de denuncias sobre torturas, estacamientos, lesiones, carencia de condiciones básicas de higiene y salubridad, castigo físico y presión psicológica, muertes por hambre y un homicidio. También se obtuvieron fallos a favor de la vigencia de la acción penal por parte de la Justicia Federal de primera y segunda instancia de Tierra del Fuego. Sin embargo, la Sala Primera de la Cámara de Casación Penal, consideró a los abusos denunciados como crímenes comunes y prescriptos. El fiscal general ante la Cámara de Casación, Javier de Luca, y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, presentaron un recurso de queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que llegó a la Corte Suprema.
En su presentación judicial, la CPM alegó que acompaña la posición del CECIM, porque la metodología de abusos que los responsables de los soldados aplicaron durante la Guerra estuvo enmarcada, en el plan sistemático de represión y exterminio que se aplicó durante esa etapa en la Argentina y en todo el continente.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires considera que los crímenes sucedidos durante la Guerra de Malvinas, llevada adelante por un gobierno de facto, son sin duda crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, su prescripción no respeta el espíritu de los Derechos Universales y Derechos Humanos.
