El Defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto, se refirió a la intervención de YPF, tras el anuncio que dio ayer la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde también informó sobre el proyecto que propone expropiar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera, entendiendo que decisiones de este tipo continúan profundizando las políticas de Derechos Humanos.
Bonicatto destacó que esta medida impulsada por el Gobierno Nacional recoge una justa demanda que desde hace años sostienen diferentes sectores políticos, movimientos sociales y una amplia parte de la sociedad. En este sentido, rescató el espíritu de la medida, que se basa en el ejercicio de la soberanía, al recuperar la capacidad de decisión de los argentinos sobre los propios recursos naturales, en este caso los no renovables.
La nacionalización de YPF coloca al Estado en un rol clave que permitirá un mayor desarrollo económico con equidad social, pero por sobre todas las cosas, plantea un nuevo paradigma en el sector energético, que indefectiblemente generará más crecimiento, más energía, más empleo y más soberanía económica; lo que en definitiva repercute en una mayor protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas y, por ende, un nivel de vida más adecuado para cada vez más personas.
Como organismo garante de los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo apoya aquellas decisiones estratégicas que permiten proyectar el crecimiento del Estado, y respetar el derecho a la planificación, y también, el derecho a la buena administración, posibilitando los derechos de prestación que son responsabilidad del Estado.
Asimismo, Bonicatto expresó que “el proyecto garantizará el incremento de competitividad de los sectores económicos y un desarrollo equitativo de las provincias y regiones, garantizando y defendiendo de este modo, los derechos que a cada uno de los actores le corresponde”.
