El intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, salió al cruce de las acusaciones lanzadas por el bloque de concejales locales del Frente Amplio Progresista (FAP) sobre presuntas “irregularidades” en la contratación municipal de una remisería perteneciente a la esposa de un funcionario local al señalar que “como (los opositores) no pueden construir, intentan destruir lo que hacemos”.
“Me hacen cargos falsos a mí por unos pocos pesos, mientras que ellos gastaron 400 mil pesos en remisses en un año” sostuvo Torchio en declaraciones el portal InfoNoroeste en relación a la gestión del ex intendente Luis Sceraci.
El 28 de diciembre de 2012, ediles del bloque del FAP-GEN presentaron una denuncia penal contra el intendente Torchio, el jefe de Inspección, Edgardo Vivono, Amalia Mercedes Sánchez, esposa de Vivono y proveedora del municipio, y Celeste Lucía Novillo, quien se desempeña como directora de Acción Social.
La denuncia, sobre una supuesta comisión de delito de Acción Pública, fue firmada por los ediles Fabián Perelló, Miriam Foglia, Gustavo Utrera, Gustavo Campione y Héctor Miró.
El presidente de la bancada del FAP-GEN manifestó que la presentación penal estriba en una serie de denuncias de un grupo de vecinos que informaron “de la posibilidad de que la remisería de un funcionario que hoy está en manos de la mujer, estaría haciendo viajes, que luego factura a nombre del municipio, violando notablemente los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica Municipal que dice que ningún funcionario puede estar involucrado en un contacto comercial con el Municipio”.
“Nosotros no podemos soslayar esta cuestión, que consideramos es de bastante gravedad, por lo que formulamos la denuncia a la justicia para que investigue y determine la veracidad o no de esta situación”, señaló y sostuvo que los cargos son “Incumplimiento a los Deberes del Funcionario Público, Propuesta y Designación indebida para Cargo Público, Malversación de Caudales Públicos, Administración Fraudulenta y Fraude a la Administración Pública”. (DIB) DR/AL
