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Los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir en un país prácticamente sin estadísticas oficiales fiables y aceptadas por todos. Mientras el gobierno dice que la inflación es del 15% anual, acepta y convalida en las paritarias incrementos de sueldos superiores al 27%. En tanto Cristina Fernández de Kirchner asegura que el índice de pobreza está por debajo del 5%, la Iglesia lo sitúa en el 25%. Algo similar ocurre con las cifras de crecimiento, el desempleo o las exportaciones ya que todas ellas son puestas en duda por la mayoría de los especialistas y por la población. Los propios empleados del INDEC, hartos del control político y obligados a mentir, rodean su sede cada mes para denunciar esta situación. Ya llevan más de 100 abrazos simbólicos al edificio de este Instituto.
A los argentinos, acostumbrados a vivir durante décadas con inflación alta y varios episodios de hiperinflación, no parece preocuparles mucho este tema y para la mayoría de los ciudadanos la inflación figura en segundo o tercer lugar de sus preocupaciones, luego de la inseguridad y del miedo a perder el empleo.
Tampoco la alta inflación, la segunda después de Venezuela en toda América, parece desgastar la imagen del gobierno ya que después de 12 años la Presidenta tiene casi el 50% de imagen positiva. La situación de la intervención de los datos oficiales empezó hace ocho años y tuvo momentos cumbres del ridículo, cuando hace dos años el INDEC llegó a decir oficialmente que con $6 al día una persona podía comer en nuestro país. Todos sabíamos que era imposible, era tan absurdo que dejaron de medir la pobreza porque nadie les creía, no por una cuestión de empalme de estadísticas, como fue la excusa oficial. Desde entonces no hay datos oficiales de pobreza, y aducen, entro otros motivos, que al medir el índice de pobreza se está estigmatizando al pobre.
En el año 2007 el Ejecutivo desplazó a varios jefes que hacían estadísticas confiables para reemplazarlos por obsecuentes que cargan los números. A partir de ese momento han perdido total credibilidad. Cuando Guillermo Moreno estuvo al frente de la Secretaría de Comercio, desde el 2007 hasta el 2013, los índices oficiales eran aproximadamente un tercio de los datos de las agencias oficiales de provincias y de las consultoras privadas a las que este oscuro personaje quiso multar y acallar pero la justicia no avaló sus pretensiones.
A partir del 2014 cuando Kicillof asumió como Ministro de Economía y Costa en la Secretaría de Comercio, la inflación oficial redujo la brecha respecto de la que miden las provincias y consultoras pero sigue siendo alrededor de la mitad de la informada por ellas.
Como no pueden reconocer que la inflación oficial es real y creíble, algunos kirchneristas atacan los valores de las consultoras privadas diciendo que no tienen personal e infraestructura para desarrollar la compleja tarea de medir el incremento de precios y alegan que la inflación debe estar en el promedio de ambos valores. Al no poder reconocer semejante mentira buscan una excusa para desacreditar a las mediciones privadas y afirman que los dos valores son irreales.
Nadie en el gobierno reconoce lo grave que es para el país no tener estadísticas confiables, y olvidan algo esencial para atacar un problema, que es tener un diagnostico certero y preciso. No se pueden implementar políticas para solucionar un problema si se lo niega o no se lo considera como algo urgente a resolver. Por el contrario, se ufanan y repiten como loros la frase de cabecera del ex todopoderoso Secretario de Comercio Guillermo Moreno, “Clarín miente”.
