[25 de septiembre de 2009] Hoy, durante la 47a. Asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, Dr. Carlos Gamond dio a conocer un informe:
«La preocupación de ADEPA por el sensible deterioro de la libertad de prensa, como también del derecho de los ciudadanos a estar informados, se extiende desde el campo de los medios al de las instituciones todas. Asistimos a una merma de la calidad institucional con múltiples manifestaciones de decadencia de los principios republicanos y de sospechas en las conductas. En un contexto de crisis, se perfilan rasgos de creciente autoritarismo, que debilitan las instituciones y profundizan la confusión del Estado con el gobierno, y del gobierno con facciones.
Los condicionamientos que afectan la actividad de los medios se manifiestan a nivel nacional y en algunas provincias, con presiones abiertas o solapadas, interferencias en las comunicaciones, trabas a la circulación de periódicos, agresiones a periodistas y editores. No puede soslayarse, en este punto, la campaña de hostigamiento que viene sufriendo Clarín, que incluyó espionajes, afiches callejeros, publicaciones anónimas y hasta persecuciones regulatorias y fiscales.
Hemos expuesto reiteradamente la cruda certeza de que un diario se acalla mediante el estrangulamiento económico o impositivo. Con diarios empobrecidos se dificulta la libertad de prensa y con aquellos enriquecidos por el favor oficial, la libertad de prensa directamente desaparece. Nuestra Corte Suprema de Justicia ha dicho que sin una prensa económicamente sólida e independiente existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal. Por eso, resulta preocupante la distribución discrecional de la publicidad oficial, beneficiando o castigando a las publicaciones según el tono de su contenido editorial.
No obstante, ADEPA debe señalar los pasos dados en torno a la salida del régimen de competitividad, un desencuentro crítico entre los medios y el fisco que, con los convenios en trámite, parece encontrar un principio de solución transaccional para algunos litigios en curso.
El periodismo no debe ser visto por los poderes públicos como un enemigo a derrotar, sino como un aliado en la lucha por mejorar el nivel cultural y de vida del pueblo. Deben respetarse los principios clásicos de una relación siempre tensa, pero necesaria para la comunicación entre gobernantes y gobernados, la ilustración de la ciudadanía y el perfeccionamiento de las instituciones.
Debemos puntualizar con estrictez, en consonancia con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que los derechos constitucionales que asisten a la prensa -reservados tan sólo al pueblo por el articulo 32 de la Constitución Nacional y consagrados por la cultura jurídica como una libertad estratégica-, alcanzan a todos los medios por igual, cualquiera sea el soporte tecnológico a que se apele para la difusión de noticias, comentarios e interpretación editorial.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, en reemplazo de la ley de radiodifusión, ha generado graves preocupaciones. ADEPA ha reclamado a lo largo de los años una normativa a tono con la actualidad, la proyección de la tecnología y los fundamentos de la democracia republicana. Es sabido que la tecnología marcha más de prisa que el legislador y, por eso, no resulta aconsejable una ley excesivamente casuística que corra el peligro de pronta desactualización.
Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad internacional que las concede a los Estados para su administración, pero no en propiedad. Su misión debe ser, por así decirlo, el ordenamiento del dial para evitar, como sucede, la superposición de ondas y la ilegalidad.
Seguimos con inquietud el trámite, ahora en el Senado, del proyecto de ley, con la esperanza de que el Congreso aún esté a tiempo de adecuarla a las mejores tradiciones en materia de libertad de expresión y principios constitucionales.
La media sanción que obtuvo en Diputados, más allá de los cuestionamientos formales que conciernen a los partidos políticos y el trámite legislativo, debe alertar sobre las cuestiones de fondo. El acceso sin restricciones de los ciudadanos a las fuentes de información y la sustentabilidad de los medios privados de comunicación, son valores primordiales para la democracia y, como tales, deben ser preservados en un marco jurídico congruente con el espíritu de la Constitución Nacional.
Ninguna norma tendría que plantearse con el ánimo de silenciar o debilitar determinadas voces sino que, por el contrario, debería tender a fortalecer la oferta informativa independiente, preservando las opciones existentes y abriendo nuevas alternativas a la luz de las innovaciones tecnológicas.
La actualización del sistema de medios puede ampliar el registro de voces sin restringir ofertas actuales que, en libertad, encuentran el cauce de la comunicación, como es el caso, entre otros, de Cadena 3 de Córdoba.
Advertimos los riesgos existentes para la vigencia de espacios plurales que garanticen la libre información y la diversidad de oferta informativa, más allá de la tutela gubernamental y el control directo o indirecto sobre medios y contenidos, mediante un agudo intervencionismo en todos los servicios de comunicación audiovisual. También llamamos la atención sobre la naturaleza y finalidad de los medios públicos, que por definición deben estar al servicio de la sociedad toda y no de los fines propagandísticos de un gobierno.
El otorgamiento a funcionarios administrativos de amplios márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad en la adjudicación y revisión de licencias, puede derivar en controles editoriales que contradigan los principios constitucionales e internacionales de protección a la libre expresión y defensa contra la censura previa. La iniciativa oficial, por otra parte, parece desentenderse de la sustentabilidad de los medios, haciéndolos más vulnerables y por consiguiente más dependientes de los recursos del Estado o de negocios advenedizos.
La normativa en cuestión se despreocupa de la evolución tecnológica, cristalizando los recursos existentes y suponiendo que así subsistirán por largo tiempo. Traiciona además siglos de cultura jurídica al pretender imponer la caducidad retroactiva de licencias e inversiones, con manifiesta afectación de derechos adquiridos. Puede verse, también, como una aspiración de censura que los medios que no utilizan el espectro radioeléctrico se vean sujetos al arbitrio gubernamental y que se pretenda licenciar soportes de libre circulación como los servicios de cable y las producciones audiovisuales.
Resulta extemporáneo y discriminatorio que los diarios y revistas deban estar sujetos al arbitrio oficialista a la hora de acceder a medios audiovisuales. Las publicaciones impresas de todo el mundo buscan participar de nuevas expresiones de comunicación a fin de asegurarse mayor independencia y llegar a nuevas audiencias. Nuestro país, como se ve, podría aislarse, una vez más, de la evolución y el progreso con iniciativas como esta, que van en sentido opuesto al del interés general.
Las cuestiones planteadas trascienden las urgencias coyunturales y comprometen a los ciudadanos y sus representantes en la búsqueda de respuestas que no provengan de la voluntad de acallar voces sino que reflejen los valores esenciales de la sociedad democrática, los estándares internacionales en materia de comunicación y nuestro indiscutible compromiso con el pluralismo y diversidad informativa.
Al apelar al juicio de los ciudadanos, ADEPA deposita en la conciencia pública la confianza en la propia libertad de prensa».
Salta, 25 de septiembre de 2009
