El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, expresó la necesidad de dar con la red delictiva involucrada en la estafa que desde 2013 se vino dando en el organismo por 500 millones de pesos anuales con la compra de medicamentos utilizando los datos de afiliados fallecidos, para lo cual dispuso una auditoría para estudiar las irregularidades que se venían advirtiendo y realizó una denuncia penal tras asegurar que la corrupción abarca a la propia estructura de esa obra social.
«Ya hicimos una denuncia penal y se están preparando otras conforme van apareciendo diferentes datos de esta auditoría», dijo en diálogo con Radio 10, tras añadir que esta estafa fue posible gracias a complicidades internas porque «no me cabe ninguna duda, primero está el tema de levantar los controles teniendo advertencias, porque la institución había sido advertida varias veces de estos desvíos por diferentes entidades farmacéuticas, con lo cual se sabia que había desvíos que eran inaceptables».
Destacó que el PAMI no puede dar «un mejor servicio que llegue a todos los afiliados si no se recompone su situación económica, y eso pasa en gran medida por controlar las actividades espurias que tienen que ver con corrupción, falta de control, con no advertir los datos que estaban a la vista».
De este modo, «vamos a poder generar los fondos para recomponer la deuda, para que los prestadores recompongan su situación financiera y que los afiliados tengan mejores turnos y más acceso a medicamentos de primera necesidad», dijo.
Regazzoni precisó que encontraron «en delegaciones de diferentes partes del país cientos de sillas de ruedas y camas ortopédicas nuevas sin usar, en galpones, y eso debería haber ido a la gente».
Contó algunos casos, que «había un médico que prescribía 39.000 recetas por año, que es imposible», y que «en 2013 varios profesionales advirtieron que se habían falsificado sus firmas para hacer recetas que ellos nunca habían hecho».
En este marco, el nuevo titular del PAMI explicó los mecanismos de autorización de las compras que no se llevaron a cabo con el objetivo de cometer la estafa, al asegurar que «la obra social tiene que tener padrones que deben estar chequeados permanentemente para ver bajas, y después tiene que haber empadronamiento de pacientes con enfermedades que utilizan medicamentos especiales, y además tienen que hacerse auditorías permanentemente para detectar irregularidades porque hay delincuentes que se dedican a utilizar nombres, falsificar firmas de médicos o recetas y de esta manera generar compras espurias».
A su vez, relató algunos casos que descubrieron cuando comenzaron a analizar el consumo de medicamentos y encontraron «irregularidades, como el caso de una mujer de más de 80 años que aparecía que había comprado 33 remedios distintos en 19 farmacias en 4 provincias en un mes por más de 50 mil pesos».
«También -continuó- analizamos algunos consumos y vimos que había pacientes que después de 2 ó 3 meses de fallecidos empezaban a consumir medicamentos completamente distintos a los anteriores, que se usaban sus nombres para prescribir fármacos que no habían utilizado antes, por cifras millonarias».
Otros casos que encontraron fue la utilización de los nombres de «pacientes que no eran diabéticos para hacer negocios con tiras reactivas e insulina», aseguró.
