[24 de septiembre de 2009] Cuando gran parte de los dirigentes políticos peronistas hoy Kirchneristas (K), eran Menemistas (M), yo era diputado nacional. Tanto en el gobierno del Dr. Alfonsín como durante su sucesor, la Unión Cívica Radical presentó sendos proyectos de ley de medios de comunicación, en los cuales se preveían modificaciones a la ley vigente de la dictadura militar que, entre otras, introducía modificaciones al art. 45 de la ley prohibiendo a cualquier grupo empresario disponer de todos los medios de comunicación, entendiendo que la acumulación de medios distorsiona la libertad de expresión. Nuestro proyecto posibilitaba además, el acceso al movimiento cooperativo a la prestación del servicio comunicacional.
En aquella oportunidad, el peronismo M, defendía el modelo privatista a ultranza y con esos argumentos se opuso al tratamiento de esas iniciativas. Hoy al gobierno K le conviene creer que la historia de nuestro país comienza con ellos, carga contra la oposición genéricamente, sosteniendo que “por primera vez, en este proceso democrático se presenta un proyecto de ley de comunicaciones para reemplazar la ley de la dictadura y que los que discrepan con este proyecto defienden los monopolios y la ley de la dictadura”, abonando esta suerte de maniqueísmo imperante, donde todo es blanco o negro. Estás conmigo o te transformas en mi enemigo.
La posición de la U.C.R. en materia de medios audiovisuales no varió en lo sustancial, es la misma de siempre. No es casual que sus legisladores votaran de acuerdo a lo decidido por los cuerpos orgánicos del partido y todos sus dirigentes y militantes sostuviéramos esa postura.
La U.C.R. es un partido nacional que se apega a su doctrina y prioriza el interés general. No es infalible pero es previsible y por ello las acusaciones del oficialismo no alcanzan al partido de Alem, Irigoyen, Illia y Alfonsín.
¿Por qué tanta urgencia para aprobar este proyecto, cuando el matrimonio K gobierna desde el año 2003 y nunca antes plantearon el tema? ¿Que los llevó a violentar procedimientos legislativos? ¿A introducir subrepticiamente, modificaciones al dictamen de comisiones? ¿A descalificar las disidencias? ¿A forzar decisiones que pusieron bajo sospecha las razones por las que varios diputados de oficialismo y la oposición votaron este proyecto?
Todas las políticas de fondo necesitan apoyo de otras fuerzas y si fuese posible la unanimidad; es lo ideal. Estos proyectos que afectan tantos intereses requieren tiempo para madurar consensos. Hay que recorrer el camino y no tomar atajos que a la larga nos frustran. Tomarse tiempo para evaluar el posible comportamiento de la oposición y tomar contacto con ellos para corroborarlo, sobretodo de partidos políticos históricos como el radicalismo y el socialismo que tienen posición tomada desde siempre en la cuestión de fondo. Que beneficioso hubiese sido para todos, que una ley de esta importancia, tuviese el apoyo del radicalismo, socialismo y otras fuerzas que coinciden en lo sustancial. Sin embargo no ha sido así. Por eso dudamos de las reales intenciones. El procedimiento seguido, nos hace pensar que al gobierno le interesa más apropiarse de los medios o controlarlos para ponerlos a disposición de los proyectos “reeleccionista” y económico, que garantizar la libertad de expresión.
Las diferencias sustanciales con este proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación son, entre otras, las siguientes:
1) Órgano de Aplicación. Aspiramos a que sea independiente del Poder Ejecutivo para darles transparencia y garantías a todos y no se transforme en otro “disciplinador” del ejecutivo de turno. No puede ser que el mismo órgano que otorga las licencias pueda suspenderlas o retirarlas.
2) Publicidad Oficial. Que prevea la forma de distribución para que no se transforme en una manera de someter y condicionar a los medios de comunicación.
3) Comisión Fiscalizadora. Que sea plural y designada por el Congreso de la Nación para que garantice el control de la aplicación de la ley.
4). Art. 161. Empresas que posean medios incompatibles con la ley. Que dispongan de un plazo de 2 a 3 años para desprenderse de esos medios. El plazo de 1 año obligará a rematarlas o entregárselos al gobierno o sus personeros y significa un perjuicio evitable.
5). Impedir que operen las telefónicas, prácticamente única modificación aceptada.
Por el bien de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones y la solución de los problemas sociales, políticos y económicos, debemos, entre otras cosas, fortalecer los partidos políticos nacionales y abandonar el exagerado pragmatismo que ha sido la causa principal del bajo concepto que hoy tiene la sociedad de la política y los políticos. Basta de pragmatismo exagerado que torna errático e imprevisible nuestras posiciones. Dejemos de recorrer el abecedario para diferenciarnos. Recuperemos niveles de compromiso con el valor supremo del “bien común”.
Que la sociedad deje de vernos preocupados en “salvatajes personales” y nos vea trabajando en la búsqueda de soluciones a los problemas que los aquejan y angustian.
Fortalezcamos las alternativas partidarias que nos proyecten al cumplimiento de los objetivos superiores de la política.
Dr. Juan José Cavallari.
Diputado de la Provincia de Buenos Aires (UCR).
