“Hace más de 15 años que los comercios están obligados a ofrecer como medio de pago a los consumidores el uso de tarjeta de débito no obstante, al ser una resolución de la Afip y a pesar de estar avalada por fallos judiciales, los propios comerciantes la cuestionaban pero ahora, por medio de la ley 27253 que entró en vigencia el 13 de junio, esta obligación es indudable y se extiende a todos los pueblos de más de 1000 habitantes y para toda compra superior a diez pesos…”, expresó el Dr. Mauricio Bernardo Bianchi quien preside la asociación civil “Defensa de Consumidores y Usuarios” y agrega que “…esta nueva ley es la que establece la devolución del IVA de alimentos a jubilados y beneficiarios de programas sociales y, a los fines de que esto se pueda hacer efectivo para todos los potenciales beneficiarios es que se fija la obligación de la universalización del cobro con tarjeta de débito…”.
Con relación a la devolución del IVA de productos alimenticios la ley fija como beneficiarios a los jubilados y pensionados que cobren la mínima y quienes perciban asignación universal por hijo, asignación por embarazo y pensiones no contributivas. Para todos ellos, por las compras que hagan exclusivamente con tarjetas de débito se les devolverá el IVA con un tope mensual de $ 300. Ello significa que si el gasto fuera tal que generara mayor devolución que esa cifra se les devolverá hasta esa suma.
Respecto de la obligación de los comercios de cobrar con tarjeta de débito el Dr. Mauricio Bernardo Bianchi explicó que “…si bien los comercios ya estaban obligados a cobrar por estos medios la nueva ley les permite un plazo de 120 días para regularizar su situación durante los cuales no sufrirán sanciones pero pasado ese tiempo serán pasibles de multas y clausuras…” y agregó que “…sabemos que los comercios, sobre todo los pequeños, sienten que se les complica implementar el sistema de cobro con débito pero para eso están organizados con cámaras de comercios y empresarias, deberían recurrir a su agremiación para defender sus intereses ante los bancos y el sistema financiero y no trasladar sus falencias a los consumidores y usuarios, además la ley preveé que el gobierno nacional deberá facilitarles el acceso a las terminales de cobro…”.