Por Miguel Mingote.

La revolución bolivariana impulsada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ubicó al hermano país a la vanguardia de la Patria Grande soñada por nuestros próceres libertadores, y como ejemplo para todos los pueblos antimperialistas.
A dicho proceso le sobra LEGALIDAD, toda vez que fue avalado en 18 de las 19 elecciones habidas desde 1999. Las últimas, hace unos meses, le permite al PSUV administrar con aliados, 20 de las 23 gobernaciones, y 196 de los 254 municipios. También le sobra LEGITIMIDAD, pues cumple el programa democrático aprobado, concretando muchas políticas que buscan erradicar la miseria, devolverle la dignidad al pueblo y hacerlo protagonista de su destino.
Los datos, certificados por organismos internacionales, son elocuentes. En quince años se duplicó la inversión social, disminuyó la pobreza y la pobreza extrema; la desigualdad es de la más bajas de América Latina. El desempleo no supera el 6 %. Se quintuplicaron el número de pensionados. Aumentó el presupuesto en Salud, creció la esperanza de vida y se redujo la mortalidad infantil. En Educación, de poseer un alto índice de analfabetismo, la nación caribeña fue declarada por la UNESCO, libre de ese mal. El Índice de Desarrollo Humano, confirma el mejor bienestar. En Economía, se multiplicó la renta per cápita, superando la media latinoamericana. Venezuela tiene saneada su deuda externa; controla el comercio exterior, y a partir de recuperar la administración de la industria del petróleo, duplicó las reservas de crudo, que hoy son las mayores del mundo.
Los cambios iniciados por Chávez y continuados por Maduro, garantizan la libertad de opinión y de expresión. De 111 estaciones televisivas, 61 son privadas, 13 públicas y 37 comunitarias con alcance limitado. En las emisoras de radio AM, 87% pertenecen al sector privado, 10 % al estado y 3% son comunitarias. Y en FM el 57% son privadas, 31% comunitarias y la minoría es pública. Y en la prensa escrita un 80% está en manos de la oposición. Las elecciones, que no son obligatorias, son las más transparentes del mundo.
La evidente legalidad y legitimidad de la revolución bolivariana está opacada por elevados índices de inseguridad e inflación, y por una persistente dificultad en brindar más bienestar, mejorando la equidad distributiva y la productividad en los procesos productivos.
Sobre estas debilidades, pivotean prácticas destituyentes de los Asustados Unidos y de socios locales, que saben que por vía electoral deberán esperar hasta el 2019 para intentar acceder a la presidencia, o hasta el 2016 si logran éxito en un eventual referendo revocatorio. Desde 1999, los sectores del privilegio económico buscan destituir al gobierno democrático del PSUV, porque orientó la renta energética en favor de satisfacer demandas y derechos del pueblo. Quieren dar fin a un gobierno que busca la autodeterminación de su Patria, y la unidad latinoamericana y caribeña en base a solidaridad, a fraternidad, al respeto a la soberanía, a la solución pacífica de controversias, a la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, a la integridad territorial,a la no injerencia en los asuntos internos de cada país.
Esos intereses, que afirman respetar la constitución para ocultar su rencor destituyente, no lideran ninguna insurección popular en Venezuela. No exigen más salarios ni solicitan compensaciones sociales. Piden una menor injerencia del estado, al tiempo que fugan capitales, especulan con el dólar, desabastecen, atentan contra bienes públicos y la vida de las personas. Esa banda de fascistas son apoyados en nuestro país por la Massa de Enlace y expresiones políticas y mediáticas del más recalcitrante gorilismo, que representan iguales intereses imperiales e igual ideología egoísta e individualista. También avalan a los golpistas, hipócratas e idiotas útiles, que sólo sirven para hacer más criminal los daños con los que las minorías del privilegio buscan concluir el auténtico proceso de cambio que se viene dando, con dificultades, en Venezuela.
¿Por qué el gobierno venezolano genera tanto odio, rencor y furia en Washinton, en otras capitales, y entre las elites oligárquicas y corporativas? ¿Por qué quieren destituirlo recurriendo al terrorismo contra el pueblo? ¿Por qué mienten y desinforman para acrecentar los malestares?
¿Por qué llaman Dictadura Chavista a ese proceso, o Dictadura Cubana al digno gobierno de la isla, al tiempo que aplauden a gobiernos que practican terrorismo, que asesinan a sus presidentes y a los adversarios, que aceptan fraude electoral, que promueven golpes de estado, que invaden naciones independientes, que atentan contra cualquier ciudadano, que no acatan resoluciones de las Naciones Unidos, que secuestran, que violan libertades individuales, que torturan sistemáticamente, que hacen escuchas ilegales, (la lista de atrocidades es extensa)?
Sin dudas, para el fascismo, su única patria es el propio interés y la democracia es una pantalla. Y de igual modo que celebraron el golpe en Honduras o los intentos de derrocar a Cristina Fernández, a Evo Morales o a Correa, su triunfo sería regresar a Venezuela a una oscura noche donde estuvo sumergida desde su independencia. Emplean el mismo esquema que en otros países, como Irak, Libia, Siria, Ucrania, etc. Y en otros tiempos, en la Chile de Allende.
Y la obligación de cualquier demócrata es hacer valer la legalidad pero sobre todo la legitimidad, frente a cualquier agresión golpista como la que está sufriendo la Patria de Bolívar, aunque el terrorismo mediático haga difícil la tarea. Los enemigos del pueblo siempre han sabido cuál es su papel en la historia. No cesan en su empeño. Las mayorías muchas veces dudan del rol que les cabe al pueblo y a los trabajadores. Que no venzan por cansancio.